Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
Hay algo que debería preocupar más allá de los nombres, el poder está aprendiendo a ponerle categorías a quienes lo cuestionan.
En Oaxaca comenzó con una frase pronunciada por el gobernador Salomón Jara Cruz. El 21 de julio, dijo que daría la descripción de los portales que “nos odian” y que, cuando le preguntaran por ellos, no respondería.
Al día siguiente asesinaron a Alejandro Leyva Aguilar, el periodista era crítico del gobierno estatal. La investigación del crimen determinará responsables y móvil. No hay que confundir una coincidencia temporal con una acusación, pero tampoco hay razón para ignorar el contexto en el que ocurrió.
Cuando un gobernante señala públicamente a medios y periodistas, sus palabras no terminan cuando concluye una conferencia, eso debería ser evidente para cualquier gobierno.
Un reportaje puede ser incómodo, una columna puede ser dura, una investigación puede contener un error. Un periodista puede equivocarse, para eso existen los documentos, las aclaraciones, las rectificaciones y el derecho de réplica.
Lo ocurrido en Oaxaca adquiere otra dimensión después de lo sucedido esta semana a nivel nacional.
El 13 de agosto, desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde presentó un análisis sobre una presunta “red de amplificación digital” contra la Cuarta Transformación y el gobierno federal. La exposición incluyó siete meses de análisis, 98 cuentas semilla y una clasificación en capas: medios y analistas; figuras públicas; cuentas anónimas; y cuentas automatizadas.
En esa primera capa aparecieron 54 medios y comentaristas, entre ellos Aristegui Noticias, El Universal, Reforma, Latinus, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Sergio Sarmiento y otros. El gobierno no los acusó de operar bots, pero sí los colocó como origen o legitimación de contenidos amplificados.
La diferencia es relevante, no es lo mismo investigar la circulación de información que construir una lista pública de actores mediáticos según su rol en un dicho gubernamental.
En Oaxaca fueron “los portales que nos odian”. En Palacio Nacional, una “red de amplificación”. Cambian los términos, no el fondo. La crítica aparece organizada, clasificada y expuesta desde el poder.
El tema no es que un gobierno defienda su imagen o investigue campañas coordinadas si tiene pruebas, sino más bien, cuando la crítica deja de discutirse por su contenido y empieza a juzgarse por quién la emite.
Ahí se abre una zona de riesgo, pues un gobierno puede refutar una investigación con datos, contratos, expedientes o denuncias. Puede ejercer su derecho de réplica. Lo que no debería necesitar es construir listados de interlocutores incómodos.
En Oaxaca, la frase del gobernador y el clima posterior al asesinato de un periodista dejaron una herida abierta sobre el peso de las palabras públicas.
A nivel federal, la clasificación presentada en Palacio Nacional reaviva la misma discusión desde otra escala.
Las y los periodistas también tenemos responsabilidades como verificar la información, contrastar fuentes y corregir errores. Pero el ejercicio periodístico no puede condicionarse a la inclusión en una lista ni al reconocimiento de una autoridad.
Un gobierno no debería necesitar una lista para saber quién lo critica, debería necesitar respuestas para demostrar que las críticas están equivocadas.
