El crimen del periodista y la libertad de expresión

Si existía alguna duda de que la libertad de expresión en el estado -y en el país- se encontraba en riesgo, este sábado quedó despejada. En el contexto de la celebración de la Guelaguetza y durante la realización de la Calenda de las Culturas, diversos medios de comunicación y fotoperiodistas documentaron la forma en que operaron los cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado y personas “no identificadas”, aunque era evidente que se trataba de grupos de choque que intentaron impedir la protesta pacífica de familiares y amigos del periodista Alejandro Leyva Aguilar.

La propia familia y sus acompañantes describieron, mediante un comunicado de prensa, el actuar de estos grupos. En un primer momento, personas con chalecos guindas se acercaron para persuadirlos de que se retiraran del lugar. Los manifestantes se encontraban sobre la avenida Juárez, en el cruce con Humboldt, junto al parque El Llano. Posteriormente, les solicitaron aceptar una reunión con el secretario de Gobierno, Jesús Romero. La familia respondió que únicamente ejercía su derecho a manifestarse de manera pacífica. A partir de ese momento comenzaron a actuar los grupos de choque, que se colocaron delante y detrás de los manifestantes, encapsulando la protesta e impidiendo que sus pancartas fueran visibles y que sus consignas pudieran escucharse. Finalmente, los manifestantes tuvieron que desplazarse para evitar una posible agresión física.

La libertad de expresión y la libertad de asociación son derechos consagrados en la Constitución. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado la importancia de la libertad de expresión y de la tolerancia hacia las opiniones críticas como pilares de la democracia. La CIDH aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en la que establece que este derecho es fundamental y que los Estados deben garantizar su ejercicio sin restricciones.

Sin embargo, parece que estos principios resultan difíciles de comprender para los gobiernos estatal y federal. El asesinato del periodista constituye un claro intento de silenciar una voz crítica, precisamente el tipo de voces frente a las cuales, como sostiene la CIDH, los gobiernos deberían mostrar mayor apertura y tolerancia. Tras el crimen de Alejandro Leyva Aguilar, las acciones emprendidas por las autoridades han sido contrarias a las que recomienda cualquier política de manejo de crisis, la cual exige prudencia, respeto a las víctimas y garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión.

Nada de ello ha ocurrido. Desde la Fiscalía General del Estado, pasando por la Secretaría de Gobierno y hasta el propio titular del Poder Ejecutivo, se ha desplegado una estrategia orientada a blanquear la actuación gubernamental. Preguntas tramposas, posicionamientos sin compromiso, entrevistas a modo en medios nacionales y comunicados reproducidos una y otra vez por funcionarios públicos han sustituido las respuestas que la sociedad espera.
No hay compromiso ni seriedad en este gobierno. Para infortunio de sus aspiraciones políticas, cargará con el reclamo permanente de los familiares y amigos de Alejandro Leyva Aguilar, así como con la exigencia de una sociedad cada vez más consciente y participativa, que no dejará de demandar el esclarecimiento pleno de este cobarde crimen.